Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana

Por admin | Enero 4, 2010

Más allá de la mirada neoliberal que subordina la globalización a la lógica especulativa de los mercados financieros y de los desafíos que el orden geopolítico mundial presenta,[1] es imprescindible partir de una noción integral de soberanía para articular una política exterior moderna, operada por una diplomacia activa y dinámica.

El concepto de soberanía que el Ecuador promulga nos obliga a plantear nuestra integración, con y para los pueblos del mundo, de una manera amplia y solidaria, como la capacidad de los propios pueblos para autodeterminarse en sus decisiones públicas, en materias política, territorial, alimentaria, energética, económica, financiera, comercial y cultural. Ello implica rebasar la visión de soberanía que se limita al control de las fronteras, para incorporar las dimensiones política, económica, cultural, alimentaria, ambiental y energética. El ejercicio de la soberanía debe darse de manera amplia, para construir un mundo más equitativo, justo y solidario, donde prime la justicia transnacional, como el ejercicio y la garantía, sin fronteras, de una justicia participativa, socioeconómica, pero sobre todo intergeneracional en el espacio global.

El objetivo fundamental de la política exterior ecuatoriana es potenciar el desarrollo endógeno del país, re-equilibrando sus relaciones geopolíticas en un contexto internacional, que toma en cuenta diversos actores internacionales de manera estratégica[2] . Esto implica, tomar distancia de las directrices convencionales de la Casa Blanca, para insertar al país inteligentemente en redes políticas, económicas y sociales que brinden una mirada alternativa y complementaria del esquema de integración del país a nivel global.

La estructura de una economía extractivista y primario-exportadora de monocultivos (cacao, banano, camarón)[3] ha posicionado al Ecuador, por más de 200 años, en la periferia de la división internacional de trabajo. La mirada soberana de las relaciones internacionales busca cambiar esta historia mediante la reestructuración del sistema de acumulación, distribución y re-distribución de la riqueza en el país, a través del fomento de una economía terciario exportadora. En el sector externo de nuestra política, esto implica establecer en el corto, mediano y largo plazo, un esquema de alianzas y aliados estratégicos, alineados y armónicos a nuestros objetivos nacionales; de tal forma que podamos fortalecer ejes alternativos de relaciones internacionales enfocados hacia el “SUR”, dejando atrás las clásicas cartas de intención y las agendas condicionadas de gobiernos anteriores.

El nuevo orden internacional que perseguimos es multipolar, con protagonismo de los pueblos del Sur; favorece el multilateralismo en su arquitectura institucional y propicia novedosos procesos de integración, cooperación para el desarrollo y diálogo político armónico. El punto privilegiado para construir estos espacios, es la promoción del regionalismo latinoamericano. Por ello, tanto la Unión de Naciones Sur Americanas (UNASUR), como la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y la Organización de Estados Latinoamericanos y del Caribe (OELAC) son prioridades nacionales a la hora de articular mecanismos de integración convergente y posicionamiento alineado para la definición de agendas globales.

El Ecuador es promotor de la construcción de la “Nueva Arquitectura Financiera Internacional”. Por lo cual, promueve la creación y el fortalecimiento de instituciones multilaterales, sin reglas excluyentes para la toma de decisiones, cuyas políticas de fomento del desarrollo se centran en la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos y se alinean a sus prioridades nacionales y territoriales. Adicional a ello, la nueva banca de desarrollo regional, que promueve el país, debe generar mecanismos financieros anticíclicos que doten de mayor autonomía financiera a los países, para la consecución de sus programas de gobierno. Así, el fortalecimiento y capitalización del Banco del Sur es sin duda la acción prioritaria en este eje de integración soberana regional.

La construcción de un sistema de compensación de pagos coordinado por los bancos centrales de la región, va mas allá del simple interés de contar con una moneda común y la disminución de los costos de transacción para los flujos comerciales interregionales. La instauración del SUCRE[4] significa contar con un mecanismo regional para la estabilización y la integración de los mercados financieros; teniendo en cuenta un enfoque de autonomía frente a la política monetaria y a la histórica y onerosa intermediación financiera de los centros hegemónicos del poder económico global. Contar con un sistema de compensación único en la región, posibilitará la integración de nuevos actores económicos y comerciales en los procesos de intercambio de bienes y servicios, debido a la disminución de la dependencia del dólar u otra divisa como mecanismo de pago; ya que ello beneficia al país dueño de la moneda por el simple hecho de emitirla. Por ello, son objetivos de toda negociación bilateral: la firma, ratificación y la puesta en marcha de sistemas de compensación de pagos para los intercambios comerciales entre los bancos centrales.

La dependencia de los centros de poder financiero y político tiene sus raíces en la concentración de nuestras exportaciones por país de destino; posibilitando monopsonios, que debilitan cualquier intención de generar cambios en la estructura asimétrica de negociación bilateral. Por ende, la política comercial es un instrumento para la diversificación de los mercados y la gama de productos exportables con mayor valor agregado. Sólo mediante la apertura de nuevos nichos de mercado en condiciones favorables para el país podremos generar la demanda externa de una producción que ocupe y genere cíclicamente mano de obra calificada, redes sociales más fortalecidas y coherentes con el medio ambiente e infraestructura de calidad. De ahí que, la premisa de posibilitar el acceso a mecanismos de comercio justo se vea encarnada en la promoción de Acuerdos Comerciales para el Desarrollo. Con lo cual las reglas que posibilitan un mayor intercambio comercial entre el Ecuador y cualquier otro país, deberán ser enmarcadas en acuerdos que no sólo vean como objetivo la apertura arancelaria, sino que persigan un verdadero comercio justo considerando su responsabilidad social, ambiental e intergeneracional.

Complementariamente, el uso de subsidios, aranceles y salvaguardas para la sustitución selectiva de importaciones, en el marco de los acuerdos internacionales, es clave. En el mediano plazo la sustitución selectiva de exportaciones es una de las metas en el sector externo de nuestra economía, siendo de vital importancia el fomento de la industria nacional.

Otro objetivo de la política económica del sector externo es reducir al mínimo la intermediación; y ampliar el universo de actores en el comercio internacional, dando oportunidades en la participación de la riqueza generada en procesos productivos innovadores a asociaciones, cooperativas y otras formas de organización económica comunitaria, para que se vuelvan dínamos de la economía social y solidaria proyectada a nivel mundial.

Parte del desafío de producir bienes y servicios con gran valor agregado, es generar capacidades sociales que permitan hablar de procesos productivos innovadores, asociados a la generación de conocimiento y tecnología aplicada. Por ello, es vital el uso del ahorro externo en forma de inversión extranjera directa y cooperación internacional no reembolsable (en sus formas de asistencia técnica, financiamiento y donaciones en especie), para la inversión en ciencia y tecnología. Esto permitirá de manera efectiva poder hablar de una verdadera soberanía epistémica del país en el largo plazo; que empieza por la generación de un sistema de becas internacionales que fomente la apropiación del conocimiento científico e investigación de calidad en el territorio nacional e intercambio cultural.

El Ecuador proclama la movilidad humana como un derecho constitucional y condena todo acto de xenofobia, discriminación y rechazo tanto a nuestros connacionales en el exterior, como a los extranjeros que habitan en nuestro país. El respeto a los derechos humanos y culturales, el reconocimiento entre iguales y la libre promulgación de nuestra cultura fuera de las fronteras, son mecanismos idóneos para garantizar los derechos de la población en condiciones de movilidad. De esta forma, contribuimos a configurar los principios de una verdadera ciudadanía universal.

La promulgación de la movilidad como un derecho y la no criminalización de la migración, tanto en tránsito como en el lugar de residencia, nos permitirá crear espacios de diálogo político y cooperación para el desarrollo con los pueblos del mundo, sobre todo con aquellos en los que residen millones de ciudadanos ecuatorianos.

La política exterior ecuatoriana, constituye un pilar clave en el proceso de construcción de un proyecto político de largo alcance y proyección nacional. La inserción estratégica y soberana del Ecuador en el mundo nos permitirá posicionarnos privilegiadamente en el contexto del nuevo orden internacional y al mismo tiempo ser pioneros de una política regional solidaria, justa y simétrica.

[1] Dentro del marco de crisis que el internacionalismo liberal presenta

[2] Diversos actores internacionales tales como: gobiernos nacionales y subnacionales, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales, empresas trasnacionales y otros actores sociales

[3] La escasa visión nacional de desarrollo de las élites locales y su descarada subordinación a los grupos hegemónicos del poder económico global, contribuyeron a debilitar el poder y la capacidad de negociación del país.

[4] SUCRE: Sistema Único de Compensación Comercial Regional.

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