Inclusión, protección social y garantía de derechos en el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia

Por admin | Enero 4, 2010

La construcción de mecanismos de previsión y seguridad han sido un componente esencial del desarrollo de todas las sociedades. Estos mecanismos han permitido la reproducción de la vida a lo largo de la historia, constituyéndose en una demanda universal de los pueblos. No solo se reducen a su dimensión material, puesto que las dimensiones morales, psicológicas y espirituales son componentes indisociables. Estos reposan sobre una construcción colectiva compleja alrededor del derecho humano fundamental: el derecho a la seguridad de una existencia digna.

No obstante, históricamente se verifica la existencia de una ofensiva concertada de ciertos actores dominantes de la acumulación económica para debilitar y prácticamente destruir estos mecanismos, generándose un estado de inseguridad casi absoluta de la existencia.

Las acciones públicas propuestas desde el Estado fueron asimismo funcionalizadas a favor de una estrategia de acumulación concentradora y excluyente, que recrea, por diversas vías una tendencia fuerte a la “inseguridad” de los individuos y de las colectividades que habían pensado poder ligar su bienestar y su seguridad de existencia a los rendimientos de una acumulación globalizada[1]. En conclusión la “inseguridad” deviene endógena al funcionamiento de la acumulación globalizada y de la lógica económica dominante, y encontramos en ella las bases de la inestabilidad social y política, así como la pérdida de legitimación de la modernización como estrategia de desarrollo (Peemans, 2002).

La inseguridad creciente de las poblaciones, afecta igualmente a lo social como a lo ambiental, y se asocia a la no-sustentabilidad del modo de desarrollo promovido por los actores del capitalismo global. Desde el punto de vista social, el riesgo que se acrecienta a causa de las presiones de la competitividad, reposa particularmente en la capacidad de desplazar su costo sobre los actores más débiles, a través de políticas de flexibilización laboral, de la deconstrucción sistémica de cuadros reglamentarios del trabajo, así como de políticas de reducción masiva de la mano de obra ocupada.[2]

La crisis de las relaciones salariales influye en el desmantelamiento del sistema de la representación y resquebraja poco a poco el proceso de legitimación del Estado (Negri y Cocco, 2006), generándose nuevas formas de fragmentación social que se combinan con las formas tradicionales de exclusión, puesto que, las relaciones salariales han dejado de ser un componente clave de la distribución del ingreso y de las mediaciones entre mercado, Estado y sociedad. Es importante añadir que la mayor parte de la población no se ubica en una relación directa entre capital y trabajo, por tanto, el mejoramiento de sus condiciones de vida en términos de salud, educación y vivienda y, en general, seguridad social, ha dependido de iniciativas generalmente “informales”. (Houtart, 2001)

Desde el punto de vista ambiental, la innovación en el dominio de la biotecnología y de la ingeniería genética avanza a un ritmo vertiginoso, pues son sectores donde existe la esperanza de enormes ganancias, a condición de que los riesgos ligados a esas innovaciones no deban ser asumidos en el presente ni en el futuro por los actores de la acumulación económica.

Si la lógica de acumulación excluyente ha podido imponerse erosionando o destruyendo los mecanismos de previsión puestos en marcha por las colectividades, ahí también la población ha intentado reinventar, a pesar de todo, estrategias de previsión, a partir de iniciativas solidarias, asociativas y colectivas. Estas estrategias se reconstruyen en un mundo profundamente transformado por el avance constante de la “esfera de acumulación”, y están compuestas por iniciativas de producción y de intercambios, cuyas normas a las que obedecen tienen otros principios que los impuestos por la “lógica de acumulación”.

Los mecanismos de inclusión, protección social y garantía de derechos a la luz del nuevo pacto de convivencia, para el fortalecimiento de capacidades sociales y económicas

La historia reciente ha mostrado el riesgo de insertar mecanismos de previsión en aquello que seria solamente una gestión socio-política de la acumulación, por consenso entre todos los actores concernidos. La dinámica misma de la acumulación ha permitido en el último cuarto del siglo XX a los actores dominantes poner en marcha nuevas coaliciones capaces de emanciparse de estos condicionamientos. La evolución de las condiciones estructurales de una estrategia de acumulación sustentada en una economía primario exportadora, que basa la re-distribución en la apertura comercial, la competencia del libre mercado y el asistencialismo focalizado de la política social neoliberal, ha tornado difícilmente administrables y hasta obsoletos a los pactos elaborados al interior de las fronteras de los Estados Naciones.

En este contexto, cimentar el nuevo pacto de convivencia sustentado, a su vez, por una estrategia que permitirá construir una nueva forma de generación de riqueza, distribución y re-distribución, significa considerarlo no solamente como un proceso de mediación sino como una nueva organización de la producción, con garantía de derechos.

Considerarse socialmente asegurado conlleva una práctica de inclusión y participación social y comprende como acuerdo fundamental la decisión de una sociedad de vivir entre iguales, lo que no implica homogeneidad en las formas de vivir y pensar, sino una institucionalidad incluyente que garantiza a todos y a todas las mismas oportunidades de participar en los beneficios de la vida colectiva y de las decisiones que se toman respecto a cómo orientarlas[3].

Surge además la necesidad de rebasar el razonamiento económico imperante que efectúa una equivalencia entre economía y relaciones salariales, e incorporar también, aunque no de manera excluyente, aquella otra esfera de producción de capacidades humanas y de la producción de bienes y servicios, cuyo aporte trasciende a la reposición de medios de producción y se centra en la expansión de oportunidades personales y sociales, así como en la generación de las bases materiales de un proceso común de construcción de libertad.

La constitución de estas bases materiales de la libertad y la ciudadanía se identifican ahora con la distribución de las dinámicas de producción y no simplemente con la distribución de los frutos del crecimiento: bajo el nuevo pacto, construir riqueza y tener derechos tiende a ser la misma cosa. El desafío de un nuevo proyecto político de transformación se encuentra en la nueva relación que las dinámicas sociales establecen con las dinámicas económicas, a partir de:

  • El fortalecimiento de una “economía social territorializada” de carácter solidario. El sector de la economía social puede participar de manera activa en las actividades de mercado a través de la producción de bienes y servicios, pero bajo otros valores éticos y con principios diferentes a los de mercado: reciprocidad, re-distribución, autarquía y autosuficiencia, no solo alimentaria sino de todo aquello asociado a la satisfacción de necesidades básicas, con el objeto de asegurar la reproductibilidad de la vida.[4] En este contexto, se deberán reconocer y fortalecer las múltiples formas de organización de la producción reflejadas en iniciativas solidarias, asociativas y colectivas, que generen mecanismos de previsión y seguridad para la población, provean de soportes materiales para la reproducción de las capacidades y potencialidades de las personas y colectividades, que se orienten hacia la efectivización de derechos, y que consideren la integralidad cultural y económica de los territorios.

    Se prestará especial atención a aquellas que integren sus objetivos productivos al acceso a servicios básicos, alimentación, salud, educación de calidad, vivienda; a sistemas de producción relevantes en el marco de la estrategia de acumulación y re-distribución que consideren, en los niveles territoriales, las características geográficas, las vocaciones productivas y las necesidades básicas de la población; al turismo sustentado en la diversidad cultural y ecológica en el que intervengan comunidades y asociaciones populares; y a los planes de vivienda social que proveen una calidad de vida digna para todas y todos los habitantes del país.

    El reconocimiento y la retribución social del trabajo reproductivo, del trabajo inmaterial y de las diversas formas de autoproducción, desde la transformación del modo de organizar socialmente el trabajo para la producción, la distribución, las formas de propiedad, de circulación y de consumo (Coraggio, 2008). Por ello, resultan imprescindibles la garantía del salario digno y la generación de condiciones favorables para el ejercicio del derecho de asociación libre de individuos, unidades domésticas, comunidades; y, sobretodo, el fortalecimiento de los regímenes de protección de los trabajadores y trabajadoras y de las normas y las reglas a ellos ligadas, que sitúen en su centro las nuevas dimensiones del trabajo, con especial énfasis en un proceso de reforma de la Seguridad Social ecuatoriana que privilegie el ejercicio del derecho a la seguridad social de los trabajadores no contribuyentes (trabajo autónomo, trabajo doméstico no remunerado, trabajo de cuidado humano, trabajo inmaterial, trabajo de autosustento en el campo), y que permitan su acceso a prestaciones de la calidad en salud, riesgos del trabajo, discapacidad y jubilación por vejez.

  • El diseño e implementación de políticas sociales universales como punto de partida para una nueva generación de políticas económicas (Delcourt, 2009), y cuyos objetivos no solamente se dirijan a reducir la pobreza sino también a la garantía de derechos, el fortalecimiento de la ciudadanía, la cohesión social, la justicia y la igualdad, y que se articulen a una estrategia global orientada al Buen Vivir. Ésta deberá asegurar una protección contra los riesgos, pero también deberán re-equilibrar las relaciones sociales, aportando a las colectividades y a los individuos los soportes sociales (derechos y garantías) necesarios para su acción y el estado constitutivo de una nueva identidad social. El requisito primordial y condición necesaria de una estrategia de acumulación y re-distribución, es la garantía del ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, y sobre todo de aquellos proclives a fomentar la cohesión social y a mejorar las capacidades y potencialidades de las personas y las colectividades. no se debe considerar solamente el carácter indivisible del sistema de derechos, sino el carácter universal e igualitario que debe tener la posibilidad de acceder a ellos y el carácter institucional y público que debe revertir su concreción. En tal sentido es prioritario:
    • ampliar los mecanismos de protección social orientados hacia la niñez, a través de la ampliación de la cobertura de los programas de desarrollo infantil, con modalidades integrales en las áreas más pobres, y concomitantemente con el fortalecimiento de los programas de salud y nutrición materno-infantiles que atiendan prioritariamente a niños de 6 meses a 2 años de edad.
    • implementar una reforma educativa de segunda generación orientada hacia el mejoramiento de la calidad de la educación pública, como condición necesaria para promover el desarrollo y la igualdad de oportunidades, y no solamente para “mejorar la calidad y productividad de la mano de obra”. Esto será posible en el mediano plazo si se inicia inmediatamente un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación superior, especialmente en el área de formación de maestros y profesores, a través de la creación de una escuela pedagógica de carácter público. No se deberán descuidar, además, los esfuerzos orientados hacia la reducción de brechas de acceso entre la educación inicial y la educación media, con incentivos que favorezcan la retención en el sistema escolar de niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis para aquellos de menores ingresos, indígenas y afroecuatorianos.
    • satisfacer las necesidades habitacionales de la población, a través de la implementación de programas públicos de vivienda social dignos y apropiados cultural y geográficamente, con acceso a todos los servicios básicos, conectividad, equipamiento barrial y seguridad comunal. Entendidos la vivienda y el hábitat como derechos que permiten satisfacer las necesidades de protección de las personas y mejorar su calidad de vida. Además se privilegiará el financiamiento e implementación de programas de saneamiento básico en los territorios más carenciados del país.

La garantía de derechos como prioridad de la estrategia de acumulación y re-distribución para el Buen Vivir, en el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia

La garantía de derechos adquiere relevancia gracias a las cualidades que caracterizan al Estado ecuatoriano, consagradas en la Constitución de la República. El reconocimiento, promoción, garantía de los derechos constitucionalmente establecidos son su finalidad y la democracia el escenario privilegiado. Esto, que en palabras de Bobbio significa el “derecho a tener derechos”, siendo una obligación del Estado, reconocer en cada persona, pueblo y nacionalidad su titularidad y la posibilidad de decidir sobre sus propios destinos y de definir los mecanismos de cohesión para que dichas decisiones construyan un proyecto colectivo.

La norma constitucional es el instrumento por excelencia de la garantía de derechos, pues determina el contenido de la ley, consagra garantías para su ejercicio, y establece los límites al ejercicio de la autoridad y la estructura del poder; y es de directa aplicación por cualquier persona, autoridad o juez. En este contexto, los derechos constitucionales son, a la vez, límites del poder y además vínculos impuestos a la autoridad pública, pues son producto de reivindicaciones históricas, anteriores y superiores al Estado, por tanto someten y limitan a todos los poderes incluso al constituyente para asegurar la maximización de su ejercicio.

La palabra “garantía” guarda una relación estrecha con las nociones de asegurar, proteger, defender y salvaguardar, este concepto aparece como complemento a la noción de derechos debido a la formulación básicamente declarativa de éstos últimos. Así, la garantía le otorga el contenido concreto y operacional a los derechos, y debe ser considerada como el aseguramiento que la sociedad compromete en materia de procedimientos, marcos institucionales, jurídicos y financieros para el ejercicio y el pleno disfrute de los derechos del Buen Vivir. Así entendida, la garantía social entrega al individuo la certidumbre sobre lo que puede esperar el medio social (Moreno, 2008).

En este contexto, la finalidad y el rol del Estado y de las relaciones sociales y políticas son definidos por los derechos del Buen Vivir, por la justicia como resultado de las decisiones de los órganos públicos y por la Constitución, con ello se busca impulsar mecanismos de intervención estatal que contemplen tres dimensiones: una dimensión ética basada en los principios universales de derechos humanos, una dimensión procesal, que consiste en un conjunto de mecanismos instituidos que facilitan el diálogo entre actores sociales y políticos y que permiten traducir los acuerdos logrados en instrumentos normativos y, a su vez, traducir estos instrumentos en políticas, y una dimensión de contenidos relativos a la protección social, que orientan acciones concretas en los campos donde la población se sienta más desprotegida.

Es imprescindible desde la acción pública construir certezas y ampliar los márgenes de confianza respecto a que todo ciudadano y ciudadana puede exigir los derechos que tiene garantizados. Esta posibilidad no depende solo del reconocimiento normativo, sino de una serie de recursos materiales, económicos y financieros y capacidades intelectuales, sociales y culturales. En tal sentido, los desafíos son los siguientes:

  • El Estado constitucional de derechos y justicia se fortalecerá en la medida que se desarrollen los mecanismos de garantías constitucionales, en especial a través de la aplicación efectiva del carácter de justiciabilidad de los derechos. El sistema judicial es garante de todos los derechos del Buen Vivir (derechos fundamentales) y no solamente de los derechos de propiedad (derechos patrimoniales).La invocación del Estado a la justicia asegura que las acciones públicas y privadas, se ajusten a los principios y a un plano axiológico coherente con las disposiciones constitucionales. De no ser así, se sujetarán a control constitucional por parte de la autoridad competente, para sancionar cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos, para lo cual se requiere:
    • fortalecer con especial énfasis, los procesos de reforma de los sistemas de justicia penal y laboral.
    • ampliar la aplicación de la justicia constitucional a través de la tramitación efectiva de acciones de protección por parte de juezas y jueces, la misma que históricamente ha sido restringida a la acción de hábeas corpus y a la acción de amparo. Se requiere también de procesos sostenidos de formación, capacitación y especialización para los operadores de justicia.
  • Desde las distintas instancias públicas es necesario asegurar el derecho de ciudadanos y ciudadanas a conocer y exigir el ejercicio de sus derechos, en tal sentido es necesario implementar programas de difusión, información y formación que fortalezcan las capacidades de la ciudadanía con respecto a los mecanismos administrativos y judiciales que pueden aplicar para exigir su cumplimiento y la reparación respectiva si éstos han sido vulnerados
  • Es necesario fortalecer la condición de pluralidad jurídica propia del nuevo modelo de Estado, a través del reconocimiento de las normas, procedimientos y soluciones a conflictos con carácter de sentencia de las comunidades indígenas, condición que fortalece la plurinacional e interculturalidad.
  • El enfoque garantista representa desde la lógica de los derechos, una estrategia de operacionalización y realización de los mismos y constituye, desde una lógica de inversión social, un elemento de priorización del presupuesto general de Estado, y desde un punto de vista de política pública diseñada participativamente, una forma de establecer consensos nacionales. En este contexto, es necesario el incremento progresivo de la inversión social, concebida como recurso productivo dinamizador de una estrategia económica justa e incluyente, y la participación ciudadana en el ciclo de la política pública y la planificación.

[1] Son particularmente negativas aquellas políticas de privatización total o parcial de los servicios públicos (salud, educación, energía, distribución del agua), que a nombre de la eficacia y a riesgo de limitar el acceso a la población más pobre, aplican medidas de flexibilización del trabajo y precarizan la situación laboral de las y los trabajadores; recomendar una política fiscal generosa con el capital; y más todavía, quedarse atado a una política económica ortodoxa generadora de inequidad y de inseguridad social.

[2] Según las cifras de la OIT, se producen alrededor de un millón doscientos mil accidentes mortales de trabajo por año, sobre todo en los países no industrializados. La causa principal es la ausencia de reglas de seguridad, debido en gran parte a las exigencias de la producción y la competitividad.

[3] CEPAL (2006) “Protección de cara al futuro, financiamiento y solidaridad”, Montevideo, Uruguay

[4] En este sentido Coraggio propone: “Queremos una sociedad con mercado pero no de mercado. Esto implica que el paradigma de la empresa eficiente y del mercado autorregulado no puede orientar nuestras prácticas socioeconómicas. Ya hemos experimentado que el funcionamiento de acuerdo al principio de mercado, particularmente con fuerzas globales operando, genera un desarrollo desigual, excluye, vulnerabiliza la vida humana, mercantiliza la política, fragmenta las comunidades locales y las sociedades y produce desastres ecológicos a escala planetaria. Nuestro objetivo no puede ser meramente integrar a ese mundo a los ahora excluidos” (Coraggio: 2008)

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