Poder ciudadano y protagonismo social

Por admin | Enero 4, 2010

Colocar las demandas de la sociedad civil como referente para la acción estatal y para el desenvolvimiento del mercado aparece como uno de los objetivos estratégicos en el camino hacia la democratización del proceso político y la búsqueda de justicia social. Si el (neo) liberalismo coloca al mercado en el centro de la regulación social y el denominado socialismo real hizo del Estado el centro de la coordinación de la sociedad, el nuevo socialismo democrático debe construirse desde las orientaciones y las necesidades que la ciudadanía, a título individual o colectivo, puedan canalizar hacia el Estado y el mercado.

Colocar a la sociedad como el eje de organización de la nación –lo que supone que las demandas de la ciudadanía orientan la acción del Estado y el mercado- supone procurar el más alto protagonismo de individuos y organizaciones sociales en las deliberaciones colectivas que conducen a fijar los criterios que orientan la producción, la circulación y la distribución de la riqueza social y en aquellos que remiten a la generación de las normas, valores y principios que rigen la vida de la comunidad política.

El proceso de cambio político que vive el Ecuador debe sostenerse, entonces, en la participación activa de la ciudadanía. Ello ha sido colocado como una de las principales perspectivas estratégicas y demandas sociales de un sinnúmero de movimientos sociales y actores políticos a lo largo de las últimas décadas. En esta perspectiva, la Constitución del Ecuador -sancionada como ley suprema del Estado por mandato popular desde septiembre del 2008- hace referencia a la construcción del Poder Ciudadano. Con dicha expresión se designa al conjunto de iniciativas de organización, participación y control que puedan emprender, de modo autónomo, los individuos y los colectivos, a fin de asegurar la implicación ciudadana en todos los asuntos de interés público y de procurar el pleno ejercicio de la soberanía popular.

La participación queda así consagrada, a la vez, como parte de los derechos de ciudadanía y como un nuevo principio de acción estatal y de gestión pública en todos los niveles de gobierno. El texto constitucional perfila, de este modo, los grandes lineamientos de cualquier estrategia para promover e incentivar la participación ciudadana y el protagonismo de la sociedad en la vida pública del país.

Si el dinamismo de la sociedad civil depende, en gran medida, de las iniciativas autónomas que emprendan los propios ciudadanos y las organizaciones sociales, es deber del poder público crear las condiciones institucionales y materiales adecuadas para que tales dinámicas puedan incidir efectivamente en la orientación de los procesos gubernativos.

El despliegue del poder ciudadano requiere, entonces, de un rol afirmativo y proactivo del Estado en lo que concierne a:

  • la distribución y re-distribución igualitaria de la riqueza social: las capacidades (cognitivas, lingüísticas, reflexivas) de participación y deliberación están condicionadas, en gran medida, por el acceso pleno a servicios educativos, culturales, tecnológicos, informacionales, etc., de calidad, y a la satisfacción de las necesidades básicas de toda la ciudadanía.
  • la transformación de las bases institucionales y de los procedimientos de gestión pública en la perspectiva de acercar el Estado a la influencia democrática de la sociedad y volverlo así susceptible de permanente escrutinio y control popular.
  • la promoción del pliego de derechos de participación que garantiza la nueva Constitución y la puesta en marcha, junto con la sociedad civil, de procesos de formación, educación y comunicación que amplíen las competencias que los ciudadanos y las organizaciones sociales requieren para interpelar e interactuar con las instituciones públicas.

El papel afirmativo del Estado adquiere mayor sentido de oportunidad histórica en un contexto en que la sociedad civil ecuatoriana parece haber agotado parte de sus energías participativas. Luego de un intenso período de movilización social –en el marco de la resistencia a las políticas del Consenso de Washington a lo largo de la década de los 90-, estaríamos, desde los inicios del nuevo siglo, ante un escenario de desactivación de las dinámicas participativas, asociativas y organizativas. En efecto, si en el año 2001 casi 34 por ciento de los ecuatorianos manifestaron haber participado en “comités pro-mejoras” o “juntas de mejoras para la comunidad”, para el año 2008 este indicador se ubica en 26,6 por ciento, colocando al país por debajo del promedio regional de participación que es del 29,6 por ciento . De igual modo, se observa que si para el 2001 el 5 por ciento de los encuestados asistía semanalmente a reuniones en dichos comités, en el año 2004 solo lo hacía el 3,8 por ciento y para el año 2006 este porcentaje se ubicaba en 2 puntos. La tendencia se repite para otras instancias asociativas.[1]

Ante tal escenario, el rol proactivo que pueda cumplir el Estado en la promoción de la participación social aparece como una tarea ineludible. Ello debe darse en el marco del respeto irrestricto a los principios de pluralismo, autonomía y auto-determinación que se tejen desde la sociedad civil. Dicho respeto depende, a su vez, de fijar con claridad los criterios y las condiciones -espacios, procedimientos, contenidos, fines- en que van a desenvolverse las interacciones entre sociedad y Estado. La Constitución establece una multiplicidad de instancias y mecanismos para canalizar tal interacción.

Durante los próximos cuatro años de gobierno (2009-2013) deberán, entonces, apuntalarse y activarse de modo democrático, sostenido y eficiente tales espacios. Ello supone que la transformación del Estado ecuatoriano en un Estado participativo se sitúa en el corazón del proceso para contribuir a la (re) construcción del poder ciudadano y al incremento del protagonismo social. Tres líneas de acción estratégica deben ser movilizadas en esta perspectiva:

  • El reconocimiento democrático de todos los espacios y dinámicas de organización y participación ciudadana –tengan o no ciertos niveles de institucionalización- y la creación explícita, donde no existan, de nuevos espacios y arreglos institucionales en que pueda producirse la interfaz entre sociedad y estado. En tales espacios, movimientos, asociaciones, ciudadanos y agentes e instituciones gubernamentales encaran procesos de negociación y deliberación pública que orientan la toma colectiva de decisiones en diversas esferas temáticas. En tales esferas se construye el interés general. La nueva Carta Magna habla, en este sentido, de la obligatoria creación -en todos los niveles de gobierno- de instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad civil encargadas de elaborar las líneas estratégicas de las políticas públicas, mejorar la calidad de la inversión pública, definir agendas de desarrollo, elaborar presupuestos participativos y propiciar procesos de rendición de cuentas (Art. 100 y Art. 279). El Gobierno Nacional –y los gobiernos locales- deberán transformar sus modos de funcionamiento y sus procedimientos de gestión de cara a dar cabida a tales instancias de participación social, deliberación pública, y control popular.
  • La construcción y puesta en funcionamiento del sistema nacional descentralizado de planificación participativa del desarrollo aparece como un elemento de fundamental importancia para refundar las bases y los procedimientos del Estado participativo. Las tareas estatales de planificación –en una lógica que busca no anteponer las directrices del Estado a la sociedad y al mercado- suponen un proceso de diálogo, convergencia, negociación y conflicto entre los múltiples actores sociales y gubernamentales que se desenvuelven en el nivel nacional, regional y local de la política. Así entendida, la planificación participativa y descentralizada supone articular las dimensiones territoriales y sectoriales de la política mientras se abre una deliberación democrática, entre la sociedad y el Estado, sobre las definiciones de los grandes objetivos nacionales. Lo técnico y lo político se articulan –en todos los niveles de gobierno- en torno a la participación abierta de los ciudadanos y las organizaciones sociales en procesos que conducen a la toma colectiva de decisiones sobre los intereses estratégicos de la nación.
  • La promoción de la economía social y solidaria mediante la participación directa de asociaciones en la organización de diversos aspectos de la actividad económica. La economía social se caracteriza por buscar, prioritariamente, la satisfacción de las necesidades humanas y no la maximización de las ganancias. Promover la economía social implica, además, que el Estado proteja y financie determinados tipos de producciones social y cooperativamente organizadas (asociaciones artísticas, cooperativas de comercio justo, redes de cuidado a ancianos, niños, etc.) con el fin de que la gente que trabaja en tales circuitos alcance niveles de vida adecuados. La extensión de la esfera de economía social y solidaria arraiga el principio de la participación y la cooperación en las bases de la sociedad y contribuye así a fundar, desde abajo, la transformación participativa del Estado.

[1] Ecuador aparece, al mismo tiempo, como el país en que más personas (52%) señalan no haber participado nunca en ningún tipo de organización ni política, ni social . Igual sucede con lo relativo a la participación en protestas o “manifestaciones autorizadas”: apenas un 5 por ciento de los ecuatorianos afirma haber tomado parte en este tipo de espacio participativo –el más bajo de la región. Dicho porcentaje se extiende a 9 por ciento cuando se pregunta si han “participado en cualquier tipo de protesta en los últimos 5 años”. Al observar la participación ciudadana en los gobiernos locales –tal vez la escala más apta para el desenvolvimiento y el análisis de la participación social – la tendencia se repite: en los últimos siete años, la participación en el gobierno local decayó aproximadamente en un 47 por ciento: del 10.8 en el 2001, al 5,7 en el 2008. (Latinobarómetro, 2008)

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